Por Luis Martínez Alcántara
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió el reciente 5 de marzo un rancho en La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, que funcionaba como un centro de exterminio clandestino.
En el lugar se encontraron tres crematorios subterráneos, restos óseos calcinados, cientos de prendas de vestir y maletas, evidenciando actividades delictivas relacionadas con desapariciones forzadas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este hallazgo como “terrible” y expresó su profunda preocupación por la magnitud de la violencia en la región y señaló que este descubrimiento refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y la urgencia de reforzar las estrategias para combatir al crimen organizado.
El rancho, conocido como Rancho Izaguirre, ya había sido intervenido por las autoridades en septiembre de 2024, cuando se detuvo a 10 personas armadas y se liberó a dos secuestrados.
Sin embargo, durante esa operación no se detectaron los crematorios ni los restos humanos, lo que ha generado críticas sobre la eficacia de las investigaciones previas.
Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso para garantizar una investigación exhaustiva y transparente. Además, destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Este descubrimiento conmocionó a la sociedad mexicana y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y protección de los derechos humanos.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han reiterado su llamado al gobierno para implementar medidas efectivas que frenen la violencia y garanticen justicia para las víctimas y sus familias.
