Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que más de 100,000 extrabajadores del Estado reciben pensiones superiores al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, con cuatro casos que superan el millón de pesos mensuales, en medio de controversias electorales por espectaculares de aspirantes morenistas en Coahuila y negociaciones internas en la coalición gubernamental. Los datos oficiales muestran que Jorge Evodio Chapa de la Torre percibe 1.077 millones mensuales, Edgar Velázquez y Kenneth Sydney Smith reciben 1.037 millones cada uno, mientras Carlos Arturo Sánchez Magaña obtiene 1.107 millones, en un sistema que consume más de 94,000 millones de pesos anuales en pensiones de empresas estatales y banca de desarrollo.
La revelación de las pensiones “doradas” generó críticas inmediatas de opositores y organizaciones civiles, que calificaron el sistema como inequitativo y reflejo de privilegios heredados de administraciones pasadas. El senador Gerardo Fernández Noroña, aunque no se refirió directamente a las pensiones, defendió los procesos internos de su partido frente a las acusaciones de anticipación de campañas.
En el ámbito electoral, el Instituto Electoral de Coahuila enfrenta impugnaciones del Partido Acción Nacional por espectaculares de aspirantes a coordinación estatal de Morena, a pesar de que el consejo nacional del partido prohibió esta práctica el 7 de marzo. Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del instituto local, debe resolver las quejas en medio de señalamientos sobre violación a los reglamentos internos.
Paralelamente, la coalición oficialista integrada por Morena, PT y PVEM negocia un acuerdo de unidad y un “plan B” electoral anunciado por la presidenta Sheinbaum, aunque se desconocen los detalles específicos de esta estrategia. Las tensiones internas se manifiestan en debates sobre la legalidad de los métodos de promoción política utilizados por los aspirantes.
El debate sobre las pensiones millonarias reabre la discusión sobre la reforma al sistema de jubilaciones del sector público, un tema pendiente en la agenda de austeridad republicana promovida por el gobierno actual. Analistas señalan que estos casos emblemáticos podrían impulsar iniciativas legislativas para modificar esquemas considerados injustos por la ciudadanía.
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