Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial en discusión, mientras un estudio del Centro de Estudias de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados revela que el Instituto Nacional Electoral (INE) concentra el 98.2% de su presupuesto para 2026 en solo tres capítulos de gasto. En paralelo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, defendió la autonomía de ese órgano frente a “controversias políticas”.
Los señalamientos se dan en el contexto de un debate nacional sobre el funcionamiento y costo de instituciones clave del Estado. La ministra Esquivel Mossa, sin detallar el contenido completo de su propuesta, hizo un llamado a realizar ajustes a la iniciativa de reforma judicial que se discute, buscando, según indicó, un equilibrio en la transformación del Poder Judicial.
Por otro lado, el análisis presupuestal del órgano técnico de los diputados arroja cifras contundentes sobre el gasto del INE. De 2018 a 2026, el instituto electoral habrá ejercido un presupuesto total de 242,378 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal en curso, el 39.3% de su presupuesto, equivalente a miles de millones de pesos, está destinado al financiamiento público de los partidos políticos, uno de los tres rubros que acaparan la casi totalidad de los recursos.
Desde el TEPJF, el magistrado presidente Gilberto Bátiz García salió al paso de las críticas, defendiendo la independencia de su tribunal. En un comunicado, Bátiz García aseguró que el TEPJF mantendrá su autonomía e imparcialidad, promoviendo mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar la judicialización de conflictos, aunque no especificó casos concretos de aplicación.
Estos pronunciamientos simultáneos de altas figuras del Poder Judicial y organismos autónomos electorales reflejan la intensidad del debate institucional en México. La discusión abarca desde la posible reconfiguración de la SCJN y el gasto de los órganos electorales, hasta el papel de tribunales especializados como el TEPJF, en un escenario político donde la autonomía de estos poderes es frecuentemente cuestionada.
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