Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes tras un apagón total que afectó a más de nueve millones de personas el lunes 16 de marzo, seguido por un sismo de magnitud 6.0 en la escala de Richter durante la madrugada del martes 17. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofreció ayuda humanitaria inmediata, mientras el expresidente estadounidense Donald Trump confirmó la existencia de negociaciones bilaterales con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, contradiciendo versiones oficiales previas de La Habana.
El colapso del sistema eléctrico nacional ocurrió aproximadamente a las 13:40 horas del lunes, sumiendo a toda la isla en oscuridad por sexta vez en los últimos dieciocho meses. Horas después, a las 00:28 del martes, un movimiento telúrico con epicentro a 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo, agregó más tensión a la emergencia. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba reportó una magnitud de 6.0, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos la calculó en 5.8.
La presidenta Sheinbaum anunció que realizará una donación personal y coordinó el envío de ayuda a través de la asociación civil ‘Humanidad con América Latina’. “México no puede quedarse con los brazos cruzados ante el sufrimiento del pueblo cubano”, declaró la mandataria. Simultáneamente, el expresidente Trump reveló mediante sus redes sociales que mantiene comunicación con el gobierno cubano, afirmación que inicialmente fue negada por autoridades de la isla pero luego confirmada por el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga.
La crisis energética cubana se desarrolla en un contexto de presión económica internacional y frecuentes apagones que han llegado a extenderse hasta quince horas diarias en algunas regiones. La Unión Eléctrica de Cuba atribuyó el colapso a “fallas técnicas en el sistema de generación”, sin proporcionar detalles específicos sobre las causas o el tiempo estimado para restablecer el servicio completamente.
La respuesta mexicana generó divisiones políticas internas, con legisladores de oposición cuestionando el destino final de las donaciones y la relación del gobierno con el régimen cubano. Mientras tanto, el gobierno de Díaz-Canel anunció una apertura a inversiones de su diáspora, marcando un posible cambio en su estrategia económica frente a la crisis persistente.
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