Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara a entregar a la defensa la totalidad de la carpeta de investigación. El fallo, emitido en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, busca subsanar la vulneración al derecho de defensa del imputado, quien permanece recluido en el penal del Altiplano por su presunta vinculación con el grupo “Los Primos”.
La jueza Mariana Vieyra Valdés determinó que la FGR incumplió de forma reiterada con entregar el expediente completo de la causa penal 325/2025, a pesar de un plazo previo de cinco días que ya había vencido. Esta negativa obstaculizó la preparación de la defensa, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta, la cual logró que el tribunal federal otorgara una tutela para acceder a toda la evidencia. El caso involucra el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación que destapó la presunta red de “huachicol fiscal”.
Manuel Farías Laguna está acusado de liderar desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) una organización que desviaba combustible mediante maniobras de contrabando y falsificación documental. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también señalado en el caso, se encuentra prófugo. La defensa del exmilitar ha sostenido que existen irregularidades procesales y, en un intento por llamar la atención sobre su situación, el imputado envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones a sus garantías.
El contexto del caso refleja los desafíos en la procuración de justicia contra redes de corrupción de alto nivel, especialmente aquellas con presunta infiltración en instituciones públicas. La reapertura de la investigación complementaria por tres meses otorga un nuevo plazo para que la FGR presente todas las pruebas y la defensa pueda ejercer plenamente su derecho de contradicción, en un proceso que ha estado marcado por la opacidad.
Lo que sigue es el desarrollo de esta fase investigativa, donde se espera que se definan los cargos concretos y se esclarezca el alcance de la operación criminal. El resultado podría tener implicaciones significativas para la lucha contra el contrabando de hidrocarburos y la rendición de cuentas de exfuncionarios y militares involucrados en esquemas de corrupción.
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