Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua en el país, una medida impulsada por el gobierno de Nayib Bukele como parte de su estrategia de seguridad contra las pandillas. La iniciativa, presentada por el partido oficialista Nuevas Ideas con 57 firmas de diputados, recibió 59 votos a favor y solo uno en contra durante una sesión plenaria donde el oficialismo tiene amplia mayoría.
La reforma, que aún requiere una segunda ratificación en una futura sesión para entrar en vigencia, rompe con una prohibición histórica en la Constitución salvadoreña. El proceso legislativo se desarrolló de manera expedita, sin estudio ni debate previo, según reportaron varios medios que cubrieron la sesión.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, celebró la aprobación como una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado. “Estamos dando un paso histórico para proteger a las familias salvadoreñas”, declaró tras la votación. Por su parte, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, argumentó que la medida busca “castigar de manera ejemplar a los criminales más peligrosos”.
La aprobación se da en el contexto de un estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado continuamente por el gobierno de Bukele. Este régimen especial ha permitido detenciones masivas de presuntos pandilleros, una política que ha reducido significativamente los homicidios pero que también ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de arbitrariedades.
Según el reporte de medios, la reforma forma parte de un paquete más amplio de cambios legales que el oficialismo planea implementar. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, confirmó que se trabajará en modificaciones a otras leyes para implementar operativamente la cadena perpetua una vez que sea ratificada constitucionalmente.
La medida ha generado debate sobre su constitucionalidad y efectividad a largo plazo. Mientras el gobierno la presenta como necesaria para la seguridad, voces críticas advierten sobre riesgos para el estado de derecho y la posibilidad de que se utilice de manera selectiva contra opositores políticos. El Salvador se une así a un reducido grupo de países en América Latina que contemplan la cadena perpetua en su legislación.