Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El Senado de la República inició el análisis de la iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual enfrenta un intenso debate por sus propuestas de recortar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), limitar los salarios de sus consejeros y modificar la fecha de la revocación de mandato. La discusión, que se extendió durante horas, reveló divisiones incluso entre los aliados del gobierno, como el Partido del Trabajo (PT), que anunció su respaldo pero con reservas sobre el calendario del proceso revocatorio.
La propuesta plantea un recorte presupuestal progresivo del 15% al INE en cuatro ejercicios fiscales y establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes. El instituto electoral ha defendido su autonomía financiera y sus altos sueldos, una disputa que se arrastra desde el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador.
Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó duramente la iniciativa. Señaló que el ‘Plan B’ no ataca problemas de fondo como el financiamiento ilícito en campañas y advirtió sobre una ‘farsa’ en la revocación de mandato, además de calificar como ‘torpezas vulgares’ la eliminación de la paridad de género en algunos ayuntamientos. El diputado Rubén Moreira alertó que la reforma busca influir en los comicios de 2027 y representa un retroceso democrático al permitir la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación.
Por su parte, el PT mostró una postura dividida. Benjamín Robles, dirigente nacional del partido, anunció el respaldo al proyecto pero expresó reservas sobre la fecha de la revocación de mandato, prefiriendo que se realice en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor del ‘Plan B’ sin condiciones. Mientras, el senador Óscar Cantón de Morena mencionó que están abiertos a posibles ajustes durante el proceso legislativo.
La iniciativa también contempla cambios en la integración de los ayuntamientos, lo que afectaría a 56 municipios con una reducción de regidurías y a 1,089 con un aumento. Los críticos argumentan que estas modificaciones, sumadas al recorte al INE, podrían generar mayores costos operativos y afectar la equidad en las próximas contiendas electorales, especialmente las de 2027.