Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias que obligarán a ciudadanos de 50 países, incluidos 12 de nueva incorporación, a pagar una fianza de 15,000 dólares para obtener una visa de visitante, medida que entrará en vigor el próximo 2 de abril. La administración del presidente Donald Trump justifica la medida por el alto costo de las deportaciones y busca ahorrar hasta 800 millones de dólares anuales.
El programa, que ya estaba vigente para 38 naciones, se ampliará para incluir a Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. La fianza, reembolsable si el viajero sale del país dentro del plazo autorizado, busca garantizar que los visitantes no se queden de manera irregular.
Según datos oficiales citados por el Departamento de Estado, el programa existente ha logrado un 97% de cumplimiento entre los viajeros sujetos a la fianza. Las autoridades estadounidenses estiman que el costo promedio de deportar a una persona asciende a 18,000 dólares, por lo que la medida pretende ser un desincentivo financiero para la migración irregular y una forma de recuperar fondos públicos.
La expansión de este requisito se enmarca en las políticas migratorias más restrictivas que ha impulsado la administración Trump desde su llegada a la Casa Blanca. El gobierno argumenta que es una herramienta necesaria para proteger las fronteras y los recursos nacionales, al tiempo que mantiene un flujo ordenado de visitantes.
La medida afectará a miles de viajeros potenciales de los países recién incorporados a la lista, quienes ahora deberán evaluar la viabilidad económica de su viaje a Estados Unidos. No se especificaron los criterios exactos utilizados para incluir a los nuevos países, ni se detalló el mecanismo operativo para la devolución de la fianza una vez cumplidos los términos.
Este endurecimiento ocurre en un contexto global de crecientes restricciones a la movilidad y refleja la continuidad de una agenda política centrada en el control fronterizo. Se espera que la implementación de la nueva norma genere reacciones tanto de los gobiernos de los países afectados como de grupos defensores de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
About the Author
