Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Tres trabajadores fallecieron y uno resultó herido tras el derrumbe de un inmueble en proceso de demolición en la colonia San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 9 de marzo. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega atribuyó la tragedia a la falta de respuesta del Gobierno capitalino a cientos de solicitudes de verificación, mientras el PAN local la respaldó y señaló un conflicto de atribuciones sobre la supervisión de estas obras.
El accidente ocurrió en el número 124 de San Antonio Abad, donde una empresa de demolición realizaba trabajos. El sobreviviente, identificado como Ángel Miranda, fue rescatado, pero se desconoce su estado de salud actual. La identidad de los tres trabajadores fallecidos tampoco ha sido revelada oficialmente.
En declaraciones, la alcaldesa Rojo de la Vega sostuvo que su administración ha cumplido con solicitar las verificaciones de seguridad, pero que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, no ha atendido 456 solicitudes de inspección presentadas entre octubre de 2025 y marzo de 2026. “Existe un conflicto de atribuciones”, afirmó, en referencia a la aplicación de un ‘Acuerdo de Facilidades’ que, según su versión, limitaría la capacidad de supervisión de la alcaldía.
Luisa Gutiérrez, coordinadora del PAN en la CDMX, salió en defensa de la gestión de Rojo de la Vega. En un comunicado, Gutiérrez argumentó que la alcaldía ha actuado dentro de su marco legal, solicitando las revisiones pertinentes, y responsabilizó al Gobierno central por la inacción que habría derivado en el incidente. “Las solicitudes están ahí, pendientes de respuesta”, señaló.
Por su parte, el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano emitió un comunicado legal relacionado con el caso, aunque no se especificaron los detalles de las presuntas irregularidades, entre las que se menciona una posible póliza de responsabilidad civil insuficiente. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX lleva la investigación para determinar responsabilidades penales.
El contexto político ensombrece la tragedia, con el PAN capitalino utilizando el caso para cuestionar la gestión del Gobierno de la Ciudad. Mientras, se reporta que otros 17 inmuebles en proceso de demolición en la alcaldía podrían presentar riesgos similares, ante la pila de solicitudes de verificación sin atender.