Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio, una mujer indígena de la etnia totonaca que falleció en 2007 en el estado de Veracruz tras presuntas agresiones sexuales cometidas por elementos del Ejército. La resolución, dada a conocer este día, determina la responsabilidad internacional de México por la vulneración del derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales y por la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en el manejo del caso.
El tribunal regional estableció que las autoridades mexicanas no actuaron con la debida diligencia para investigar los hechos ni para proteger a la víctima, quien murió en un contexto de impunidad y discriminación estructural. La sentencia subraya que el Estado falló en su obligación de prevenir, investigar y sancionar las violaciones, así como en ofrecer reparación integral a los familiares de Ascencio, quienes han mantenido una lucha de casi dos décadas buscando justicia.
De acuerdo con el contexto proporcionado por la Secretaría de Gobernación (Segob), el caso representa un precedente crucial en la jurisprudencia interamericana sobre violencia sexual en contextos militares y la protección de pueblos indígenas. La Corte IDH destacó que la investigación original estuvo marcada por estereotipos discriminatorios y una falta de acceso a la justicia que agravó el daño a la integridad de los familiares de la víctima.
Como consecuencia de esta determinación, el Estado mexicano deberá implementar medidas de reparación integral que incluyen actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, indemnizaciones económicas y, fundamentalmente, medidas de no repetición. Estas últimas implican la adopción de protocolos con perspectiva de género e interculturalidad para las fuerzas armadas y el poder judicial, asegurando que casos similares no queden en la impunidad.
La emisión de esta sentencia ocurre en un momento de reconfiguración del sistema de justicia en México y pone a prueba la capacidad del gobierno federal para acatar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los familiares de Ernestina Ascencio, quienes llevaron el caso ante el sistema interamericano ante la falta de respuestas nacionales, ahora esperan la ejecución plena de las medidas ordenadas por la Corte como un paso hacia la verdad y la justicia.
Este fallo se suma a la creciente presión internacional sobre México para abordar la violencia de género y la militarización de la seguridad pública, marcando un hito en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y en la lucha contra la impunidad de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad interior.
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