Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, caracterizada por una impunidad estructural que deja solo una de cada diez denuncias con resolución efectiva y un alarmante incremento en la violencia letal contra fuerzas de seguridad, con 82 policías asesinados apenas en los primeros dos meses y medio de 2026.
De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por la organización México Evalúa con base en datos del INEGI, el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, pero el sistema colapsa inmediatamente después: únicamente el 6.28% de estos casos logra llegar a una acción penal, lo que resulta en una tasa de resolución efectiva de apenas 10.55%.
La falta de confianza en las instituciones ha propiciado que la cifra negra de delitos se dispare en entidades federativas específicas. En Coahuila, el 90.7% de los delitos cometidos no fueron denunciados por las víctimas, mientras que en Durango la cifra asciende a 92.6%, evidenciando un desapego generalizado de la población hacia los mecanismos de justicia debido a la percepción de inutilidad del proceso.
Paralelamente a este colapso judicial, la organización Causa en Común reportó un escenario de alta peligrosidad para los agentes encargados de la seguridad pública. Entre enero y el 10 de marzo de 2026, fueron asesinados 82 policías en todo el territorio nacional, lo que promedia casi un homicidio diario de uniformados y subraya la vulnerabilidad extrema de las corporaciones frente al crimen organizado.
Estos hallazgos dibujan un panorama donde la justicia no solo es inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, sino que sus operadores se encuentran bajo un fuego cruzado constante. La combinación de una alta impunidad judicial y la violencia desmedida contra la policía debilita el estado de derecho y reduce la capacidad del Estado para investigar y sancionar los delitos que mantienen a la sociedad en zozobra.
Ante este escenario, expertos y organizaciones civiles advierten que sin reformas estructurales que fortalezcan las capacidades de investigación y protejan efectivamente a los agentes de seguridad, el ciclo de violencia e impunidad continuará profundizándose, erosionando la legitimidad de las instituciones democráticas en México.
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