Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución que exonera a Pío López Obrador de las acusaciones de financiamiento ilícito a favor del partido Morena, cerrando definitivamente un proceso legal que se extendió por casi seis años. La decisión, tomada entre el 18 y 19 de marzo de 2026, concluye que no hubo pruebas contundentes para demostrar la comisión de delitos, poniendo fin a la controversia surgida tras la difusión de videos en 2020.
El caso tuvo su origen en agosto de 2020, cuando el medio Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola, difundió grabaciones realizadas en 2015 en el estado de Chiapas. En dichas imágenes se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. Los montos mencionados en los reportes asociados a los videos ascienden a 1 millón de pesos y 400 mil pesos, lo que generó sospechas sobre un flujo de recursos no reportados al instituto político.
A pesar de la evidencia visual presentada en las grabaciones, la magistrada Mónica Soto y el resto de la Sala Superior determinaron que los elementos aportados no constituían pruebas suficientes para establecer la ilegalidad de los fondos o su vínculo directo con operaciones prohibidas de financiamiento partidista. Esta postura contrasta con la percepción de fuentes periodísticas que enfatizaron la falta de rastreo del dinero y la claridad de las imágenes donde el involucrado aparece manipulando los sobres.
Ante la resolución, Pío López Obrador ha mantenido su postura de inocencia, declarando públicamente que no ha cometido ninguna falta o delito. Esta exoneración judicial se suma a los cierres previos de otras instancias; el Instituto Nacional Electoral (INE) había cerrado su investigación en 2021 alegando prescripción, mientras que la Fiscalía General de la República archivó el caso penal en octubre de 2022 por falta de elementos para proceder.
El contexto político del caso incluye declaraciones pasadas de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2020 se pronunció sobre la situación de su hermano. Con este fallo del TEPJF, se agotan las vías legales de impugnación en la materia electoral, consolidando el archivo definitivo del expediente que durante años fue objeto de debate público y jurídico en México.
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