Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta desapariciones forzadas de deportados en El Salvador, pasando por la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Human Rights Watch (HRW) y testimonios directos alertan sobre el endurecimiento de políticas migratorias y la criminalización de la disidencia política en varios países de la región.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por el aumento de expulsiones y redadas migratorias. Según datos oficiales, 620 personas fueron deportadas en 2024, lo que representa un incremento del 40% respecto al año anterior. En los últimos dos meses, unas 5.000 personas no han sido admitidas o han sido expulsadas del territorio. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado medidas en este sentido, mientras organizaciones como HRW, a través de su directora Juanita Goebertus, cuestionan el enfoque de seguridad aplicado a la migración.
La situación en El Salvador marca uno de los puntos más críticos del informe, con la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos. Entre los casos reportados figura César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien autoridades estadounidenses y salvadoreñas vinculan con la pandilla MS-13. Sin embargo, familiares y HRW niegan que el resto de los desaparecidos tengan antecedentes pandilleros, señalando una falta de evidencia concreta para las acusaciones globales. Se estima que más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales solo el 10% registraba antecedentes penales.
En Venezuela y Nicaragua, la represión se manifiesta mediante la desaparición de dirigentes y la confiscación de activos. Lilian Tintori ha realizado denuncias públicas sobre la situación de los opositores, incluyendo a William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López. En Nicaragua, el activista Amaru Ruiz y Thelma Brenes, familiar de víctimas, han elevado su voz respecto a los abusos cometidos por los gobiernos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se reporta la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes y la falta de claridad sobre el estado de salud de algunos liberados.
El contexto histórico de Argentina también resurge en las denuncias, donde se hace referencia a las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura militar como un precedente de las actuales prácticas de ocultamiento de personas. A esto se suman protestas socioambientales lideradas por mujeres en Mendoza, como Macarena Limousin, quienes se oponen al proyecto minero San Jorge, aunque el estatus legal actual de dicha iniciativa no ha sido especificado en los reportes recientes.
Las contradicciones entre los discursos gubernamentales y las evidencias presentadas por las víctimas dominan el panorama. Mientras Washington y San Salvador justifican las deportaciones masivas bajo la premisa de combatir el crimen organizado, las familias de los afectados y los organismos internacionales sostienen que se trata de una generalización sin sustento probatorio para la mayoría de los casos. La economista Mercedes D’Alessandro y otros analistas han puesto en la mira las consecuencias sociales de estas políticas en la región.
Ante la gravedad de los hechos, la sociedad civil exige respuestas oficiales que hasta el momento no han sido proporcionadas por los ejecutivos de los países involucrados. La falta de información sobre el paradero de los deportados desaparecidos y la situación legal de los opositores políticos mantiene la tensión en el entorno diplomático y social de América Latina, consolidando un escenario de crisis política y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.
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