Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la suspensión de los permisos de más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, debido al incumplimiento de la reglamentación aplicable. Entre las entidades afectadas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque la lista completa de las organizaciones suspendidas no ha sido difundida oficialmente.
Mediante un comunicado, la autoridad fiscal detalló que la medida responde a faltas administrativas contra lo establecido en la normativa vigente. La decisión impacta directamente la capacidad de estas agrupaciones para emitir recibos que permitan a los donantes deducir sus aportaciones del Impuesto Sobre la Renta, un mecanismo clave para el financiamiento de sus operaciones.
De acuerdo con lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las organizaciones que han perdido este beneficio cuentan con un plazo de 12 meses para recuperar su autorización. En caso de no lograr la regularización dentro de este periodo, estarán obligadas legalmente a destinar todo su patrimonio a otra donataria que cuente con autorización vigente, lo que podría implicar el cierre operativo de aquellas que no subsanen su situación.
A pesar de la suspensión, fuentes cercanas al proceso indicaron que algunas de las ONG ya se encuentran trabajando para resolver su estatus frente al SAT. Estos grupos han manifestado su expectativa de recibir una respuesta favorable sobre la reinstalación de sus permisos a más tardar el 31 de marzo de 2026, fecha límite que marca un primer horizonte para la definición de su situación legal.
Hasta el momento, no se han divulgado los requisitos específicos que las más de 100 organizaciones no lograron cumplir, ni se ha especificado el número exacto de entidades que fueron suspendidas temporalmente en contraste con aquellas que podrían haber sido dadas de baja definitivamente. La falta de estos detalles mantiene la incertidumbre sobre el alcance total de la medida dentro del sector social.
La acción del SAT pone bajo escrutinio los mecanismos de control y vigilancia que ejerce el gobierno federal sobre el tercer sector, recordando a las organizaciones la importancia de mantener al día sus obligaciones fiscales y administrativas para conservar los beneficios que facilitan la captación de recursos privados para fines sociales.
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