Por Redacción
Morelos, 22 de marzo de 2026.- La periodista Verónica Bacaz denunció públicamente haber recibido amenazas por parte del diputado morenista Rafael Reyes Reyes, a quien identificó como el principal responsable de cualquier atentado que pudiera sufrir ella, su familia o sus compañeros de trabajo. En su declaración, la comunicadora exigió la activación inmediata de los Mecanismos de Protección para Periodistas para investigar cualquier eventual agresión.
En sus declaraciones, Bacaz fue contundente al señalar: “Si algo me pasa a partir de este momento, quiero decir que el responsable es el diputado morenista Rafel Reyes Reyes y los diputados aliados que estén con él”. Asimismo, pidió que las autoridades activen los protocolos de seguridad necesarios, enfatizando que “si le pasa algo a mí, a mi familia y compañeros, se investigue principalmente a Rafael Reyes Reyes”.
El conflicto entre la periodista y el legislador incluye también un componente económico. Según los datos duros de la denuncia, existen adeudos por 120 mil pesos relacionados con un convenio de publicidad, cifra que figura como parte del contexto de la disputa reportada.
La periodista contextualizó su denuncia al mencionar que esta sería la primera amenaza registrada contra una reportera bajo la administración de Margarita González Saravia, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la gubernatura de Morelos por el partido Morena. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones del diputado acusado ni una respuesta oficial de su fracción parlamentaria respecto a las acusaciones.
La investigación no detalla la fecha exacta en que ocurrieron las amenazas ni especifica los reportajes publicados por Bacaz que pudieron motivar la hostilidad. Tampoco se ha confirmado si el Mecanismo de Protección para Periodistas ha sido formalmente activado tras la solicitud de la comunicadora.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre medios de comunicación y funcionarios públicos en la entidad, en un momento donde la seguridad de los periodistas es un tema prioritario en la agenda nacional. La falta de información sobre la respuesta institucional ante la denuncia mantiene la incertidumbre sobre las siguientes acciones legales o políticas que se derivarán de este enfrentamiento.
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