Fotogrfaía de archivo de familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapaque protestan en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
Por Redacción
Iguala, 22 de marzo de 2026.- Autoridades federales encargadas de las búsquedas del caso Ayotzinapa realizaron una inspección el pasado 21 de marzo en la funeraria Ángel de Iguala, donde localizaron una bolsa con restos óseos humanos de 2014 y un horno crematorio clandestino. De manera simultánea, la justicia ha vinculado a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, identificada como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por la presunta pérdida de videos clave para la investigación, mientras se mantiene detenida a otra persona relacionada con el movimiento social de los normalistas.
Los hallazgos en la funeraria ocurrieron más de 11 años después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Según la información disponible, se indaga la relación directa entre los restos óseos encontrados y el caso de los normalistas, aunque no se ha confirmado oficialmente dicho vínculo en esta etapa inicial de la inspección.
En paralelo a los trabajos de búsqueda, se desarrollan acciones legales contra funcionarios judiciales. Blanca María del Rocío Estrada Ortega enfrenta procesos por su presunta responsabilidad en la pérdida de grabaciones del Poder Judicial de Guerrero, material que se considera de relevancia probatoria para esclarecer los hechos de 2014. Las autoridades no han detallado el contenido específico de los videos ni los cargos precisos más allá de la vinculación con la desaparición de dicha evidencia.
Asimismo, se mantiene la detención de Ubaldo Segura Pantoja, un líder social vinculado a las protestas por el caso Ayotzinapa. La información disponible sugiere que su detención podría tratarse de un hecho paralelo o relacionado de manera indirecta con las líneas de investigación sobre la funeraria y los videos, sin que se haya establecido una conexión directa con ambas frentes probatorios en los reportes actuales.
Las investigaciones se desarrollan bajo la coordinación de la Unidad Especializada de Investigación de Litigación y Coordinación de Acciones (UEILCA), encabezada por Mauricio Pazarán, y cuentan con la participación de la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por Arturo Medina y con Claudia Galindo como secretaria técnica. Madres y padres de los normalistas, estudiantes de la normal y organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dirigido por Abel Barrera Hernández, siguen de cerca estos avances.
Estos eventos marcan un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, combinando hallazgos forenses en lugares previamente no explorados con acciones legales contra actores institucionales y sociales que podrían haber obstaculizado o estado relacionados con el caso durante la última década.
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