Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, medida que ha generado incertidumbre en el sector aunque las instituciones afectadas mantienen sus operaciones. Entre las entidades impactadas se encuentran Mexicanos Primero y México Evalúa, las cuales han informado que continúan trabajando con normalidad a la espera de la resolución formal de la autoridad fiscal.
La situación surgió a partir de hechos registrados el 19 de diciembre de 2025 en la capital del país, cuando se dio a conocer la cancelación del estatus de donatarias autorizadas para un amplio grupo de entidades. Aunque los comunicados emitidos por Mexicanos Primero y México Evalúa confirman la existencia de esta medida administrativa, no se han especificado los motivos concretos que derivaron en la revocación ni los detalles técnicos del proceso legal seguido por el SAT.
Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre del funcionario o área específica del SAT responsable de emitir esta resolución, tampoco se ha divulgado la lista completa de las más de 100 organizaciones que han perdido su certificación para emitir recibos deducibles. La falta de información detallada sobre los plazos legales exactos para la respuesta de la autoridad mantiene a las organizaciones en un estado de vigilancia sobre el desarrollo del procedimiento administrativo.
Mexicanos Primero y México Evalúa, mediante sus respectivos comunicados, han señalado que su operación diaria no se ha visto interrumpida pese a la pérdida temporal o definitiva de la autorización fiscal. Ambas instituciones enfatizan que su labor continúa mientras se define el estatus final de su relación con la administración tributaria, sin que hasta la fecha se conozcan declaraciones oficiales que expliquen el criterio utilizado para la cancelación masiva.
Este evento representa un desafío significativo para el ecosistema de la sociedad civil en México, dado que el estatus de donataria autorizada es fundamental para la captación de recursos provenientes de donantes que buscan beneficios fiscales. La magnitud de la medida, que afecta a más de un centenar de entidades, pone de manifiesto la complejidad de la relación entre las organizaciones no gubernamentales y la política fiscal del gobierno federal.
La ausencia de datos precisos sobre la fecha exacta de difusión de los comunicados oficiales y la lista total de afectados limita la capacidad de análisis inmediato sobre el impacto sectorial. No obstante, la postura de las organizaciones visibles en este caso refleja una estrategia de continuidad operativa mientras se aclaran los términos legales y administrativos impuestos por el SAT.
El contexto actual sugiere que el sector estará atento a cualquier actualización por parte de la autoridad fiscal en los próximos meses, ya que la definición de los motivos específicos y el resultado de las posibles apelaciones determinarán el futuro financiero de estas entidades. Por ahora, la operación de Mexicanos Primero y México Evalúa sigue su curso, sirviendo como referencia de la respuesta inicial del tercer sector ante esta disposición gubernamental.
About the Author
