Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron que los trabajos de limpieza realizados tras un derrame de hidrocarburo en el litoral son inadecuados y carecen de equipo de protección suficiente, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pemex está realizando todas las acciones necesarias para limpiar el océano y las playas.
El vertido, detectado hace dos semanas según informes gubernamentales previos, ha contaminado varios kilómetros de la costa en la región. Organizaciones como el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño han elevado la voz de alerta sobre los daños económicos y sanitarios que enfrentan los pobladores, incluyendo la venta de pescado potencialmente contaminado.
Una contradicción central marca el desarrollo de los hechos: mientras las comunidades aseguran que el origen del derrame no ha sido esclarecido y apuntan a un posible “barco fantasma”, la presidenta Sheinbaum declaró categóricamente que el incidente fue provocado por un barco, aunque reconoció que la empresa responsable aún no ha sido determinada oficialmente.
Además de la discrepancia sobre la causa, los pobladores reportan que las prácticas de limpieza podrían estar agravando el daño ambiental debido al posible uso de disolventes sin las medidas adecuadas. Por su parte, la narrativa oficial sostiene que la empresa estatal petrolera coordina las labores de remediación en la zona afectada.
La Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) figuran como las autoridades involucradas en la investigación del caso. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado resultados oficiales que determinen la identidad del barco o la compañía liable, ni estudios que cuantifiquen el impacto real en la salud de la población y el ecosistema local.
La situación mantiene en incertidumbre a las comunidades costeras de Veracruz, quienes exigen claridad sobre el responsable del desastre ecológico y garantías de que las acciones de mitigación no representen un riesgo mayor para su entorno y medios de vida.
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