Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización como donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo entidades críticas al gobierno como Mexicanos Primero, el IMCO y México Evalúa, lo que ha generado un debate entre la postura oficial que defiende criterios técnicos y las alertas de grupos defensores sobre un debilitamiento institucional.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, implica que estas agrupaciones ya no podrán emitir recibos para donativos deducibles de impuestos, afectando su capacidad de financiamiento. Entre las organizaciones afectadas se encuentran centros de análisis de políticas públicas y asociaciones dedicadas a la atención de pacientes con cáncer, las cuales fueron notificadas por no reunir los requisitos relativos a la autorización conforme a las disposiciones legales vigentes.
Ante la polémica desatada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró durante su conferencia matutina que la decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y legales del organismo fiscal, negando cualquier injerencia política desde Palacio Nacional. La mandataria manifestó no tener conocimiento detallado del listado completo de las entidades sancionadas, subrayando que el SAT opera con autonomía para evaluar el cumplimiento de normas, particularmente aquellas relacionadas con la recepción de recursos del extranjero.
Por su parte, Amnistía Internacional México calificó la revocación masiva como un golpe directo a la capacidad operativa de la sociedad civil para apoyar a la población y vigilar al poder. La organización advirtió que, al debilitar a las ONG, se crea un entorno propicio para que crezcan la corrupción y los abusos, señalando que existe una tendencia regional de gobiernos que promueven leyes restrictivas bajo el argumento de la transparencia pero con el objetivo de controlar a los actores sociales.
La controversia se enmarca en un contexto donde organizaciones que han cuestionado proyectos estratégicos o políticas gubernamentales han perdido este beneficio fiscal, mientras que se han registrado autorizaciones exprés para otras asociaciones. El SAT mantiene que el procedimiento es un cumplimiento estricto de la ley, mientras que los afectados enfrentan ahora un escenario incierto para regularizar su situación o mantener sus programas de apoyo a sectores vulnerables sin el incentivo fiscal para los donantes.
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