Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó acusaciones contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas de fuego hacia México para abastecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS). Las autoridades estadounidenses indicaron que los detenidos realizaron ventas ilegales en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025.
Según la acusación presentada, Gray es propietario del negocio “Grips by Larry”, una armería ubicada en Arizona a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora. A través de este establecimiento, se habrían facilitado fusiles de alto poder que terminaron en manos de organizaciones criminales operando en territorio mexicano.
Este caso representa una de las primeras aplicaciones de cargos criminales por apoyo material al terrorismo dirigidos específicamente contra un armero por vender weaponry a estos grupos. La base legal de la acusación se sustenta en la designación del CJNG y del Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del Departamento de Estado de EE.UU., medida ejecutada en febrero de 2025 durante la administración del presidente Donald Trump.
Existen discrepancias en los reportes iniciales sobre el alcance de los implicados; mientras algunas fuentes periodísticas mencionaban únicamente a Laurence Gray, documentos oficiales del Departamento de Justicia incluyen también a Barrett Weinberger como coacusado en el esquema de tráfico. Asimismo, se han detectado variaciones menores en la transcripción del nombre del primer acusado en diferentes medios, aunque la identidad señalada en la fiscalía corresponde a Laurence Gray.
La investigación continúa para identificar a los intermediarios o “compradores de paja” que habrían adquirido las armas físicamente antes de su cruce ilegal a México. Las autoridades no han divulgado aún el destino exacto de cada arma dentro del territorio mexicano ni las penas específicas solicitadas para cada uno de los delitos imputados, aunque el marco legal para apoyo material al terrorismo contempla condenas severas.
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