Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una versión modificada del llamado ‘Plan B’ electoral, una iniciativa que surge como segundo intento de reforma tras no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. La votación, realizada la noche del miércoles, consolidó un acuerdo entre Morena y partidos aliados que excluye puntos neurálgicos originalmente planteados por el Ejecutivo, específicamente aquellos relacionados con la revocación de mandato y el financiamiento de campañas, debido a la oposición del Partido del Trabajo (PT).
El texto que avanza en el proceso legislativo se centra ahora en medidas administrativas y de austeridad, tales como la reducción del número de regidurías, la limitación de gastos operativos en los congresos estatales y el establecimiento de topes salariales para funcionarios de los organismos electorales. Esta configuración representa un cambio sustancial respecto a la propuesta inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien buscaba modificaciones más profundas al sistema de justicia y competencia electoral.
La fractura dentro de la bancada oficialista fue determinante para el resultado final. Alberto Anaya, dirigente del PT, mantuvo una postura firme al separar a su partido del apoyo a los artículos que habilitarían procesos de revocación y el uso de recursos públicos para fines de campaña. Aunque el PT cuenta con seis senadores, su negativa a votar a favor de estos ejes obligó a la coalición gobernante a negociar una ruta alternativa para evitar el fracaso total de la reforma en el pleno senatorial.
Ante este escenario, legisladores de otras fuerzas políticas manifestaron sus posturas sobre la viabilidad y el alcance de la nueva iniciativa. Agustín Dorantes, representante del Partido Acción Nacional (PAN), y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), participaron en el debate marcando distancia frente a los objetivos originales del gobierno federal. La dinámica legislativa reflejó las contradicciones internas del bloque mayoritario, donde la necesidad de aprobar algún tipo de reforma chocó con la imposibilidad de consensuar los temas más controversiales.
Con esta aprobación en lo general, la reforma electoral entra en una nueva fase de discusión y posible modificación en los detalles específicos antes de su eventual regreso a la Cámara de origen. El camino recorrido hasta ahora evidencia las dificultades de la actual administración para imponer su agenda constitucional sin el respaldo unánime de sus aliados históricos, obligando a la presidencia a conformarse con ajustes estructurales menores en lugar de la transformación integral que se planteó al inicio del periodo legislativo.
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