Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno Nacional de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, medida que implica su incorporación inmediata al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La resolución, emitida este 26 de marzo desde Buenos Aires, fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Con esta designación, la administración del presidente Javier Milei habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra la estructura criminal mexicana, la cual ha expandido su presencia a al menos 40 países según los datos manejados por las autoridades argentinas. La inclusión en el listado dependiente del Ministerio de Justicia permite bloquear fondos y limitar cualquier tipo de operación económica vinculada al grupo delictivo dentro del territorio nacional.
La decisión gubernamental se produce en un contexto marcado por la reciente captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder de la organización, ocurrida el 22 de febrero de 2026. Aunque el comunicado oficial no detalla evidencias específicas de operaciones del cártel en suelo argentino ni enumera vínculos concretos con otras agrupaciones terroristas, la medida busca cerrar espacios financieros a actividades ilícitas de carácter transnacional atribuidas al CJNG.
La estrategia argentina se alinea con esfuerzos internacionales para combatir el financiamiento del narcotráfico bajo figuras legales antiterroristas. La resolución conjunta de las carteras de Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores refleja una postura de tolerancia cero hacia la infiltración de estructuras criminales extranjeras, utilizando herramientas legales previamente reservadas para grupos extremistas violentos.
Hasta el momento, la Oficina del Presidente de la República no ha proporcionado mayor detalle sobre las actividades específicas que motivaron la clasificación más allá de la naturaleza transnacional del grupo. La medida queda registrada en los archivos oficiales del estado argentino, estableciendo un precedente legal para perseguir los activos de organizaciones criminales internacionales bajo la legislación antiterrorista local.
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