Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México. Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de ‘tendencioso’ y con ‘falta de rigor jurídico’.
La CNDH sostuvo que la decisión del comité de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional. Además, afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares.
El organismo cuestionó que el comité haya privilegiado posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años. La CNDH argumentó que, antes de una intervención de esa naturaleza, debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional.
En cuanto a los antecedentes, la CNDH sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y de la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012). La institución aseveró que los casos de desaparición forzada ‘han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer’.
Ante la publicación del informe, el colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras por parte del gobierno federal. El colectivo señaló que no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva ante el informe y pidió al Estado que atienda las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición.
Según el colectivo, el Comité ha determinado que no hay indicios fundados de que exista, a nivel federal, una política de Estado orientada específicamente a la comisión de desapariciones forzadas, pero subraya que esfuerzos del Estado han resultado ineficaces e insuficientes. El grupo denunció que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad.
La Glorieta de las y los Desaparecidos destacó que en el informe del CED se toman como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas. Amnistía Internacional celebró la decisión del comité y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias.
La CNDH rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país. La Comisión también arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema.
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