Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de estos delitos en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar esta decisión se consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Además, señaló que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y se habían dictado apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la judicialización, la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos.
El informe detalla patrones de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo detenciones ilegales para entregar víctimas a grupos criminales. En Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” entre 2006 y 2016, donde fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas entre 2009 y 2012, y posteriormente autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente mediante fuerzas especiales como GATE y GROM entre 2012 y 2016. También se identificó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos crímenes.
Los cuatro estados donde el Comité tomó casos paradigmáticos fueron Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia de desapariciones en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. Durante su visita en 2021, el Comité recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos que actuaron ante la inacción de las autoridades, recordando que los Estados son responsables incluso cuando los actos son realizados por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Mientras tanto, el gobierno federal dio a conocer el 3 de abril de 2026 una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos.
Como parte de su visita en 2021, el Comité emitió 84 recomendaciones al gobierno mexicano. Con la activación del Artículo 34, el organismo busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas, mientras el Estado Parte plantea que los hechos ocurrieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
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