Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que, ante los recientes intentos de desmantelar el sistema de justicia profesional, continuará con su defensa de la autonomía del Poder Judicial.
En un comunicado, la Jufed aseveró que la concentración del poder constituye el riesgo principal para los derechos humanos y señaló que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección. “Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro y que no formamos parte de la simulación de una elección, no respondemos a intereses facciosos”, indicaron los jueces, quienes agregaron que defender la independencia judicial es proteger la libertad ciudadana frente a la concentración autoritaria.
La asociación destacó que el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, advirtieron, al tiempo que exigieron condiciones adecuadas para las personas juzgadoras de carrera judicial y perfiles experimentados sin contaminación partidista.
Este llamado ocurre en un contexto donde, según datos recopilados, en los últimos dos sexenios magistrados y ministros desecharon cientos de amparos promovidos por grupos que buscaban frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales. Entre estos casos destacan la autorización en 2019 para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la revocación en 2022 de amparos contra el Tren Maya en Yucatán y la cancelación en 2020 de un amparo contra la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Respecto a la reforma judicial aprobada en 2024 y declarada vigente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese año, durante su discusión en San Lázaro quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Ella había planteado que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, así como una renovación paulatina de los Órganos de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina.
Sánchez Cordero también propuso modificar los artículos 95 y 97 para que ser ministro de la Corte requiera únicamente ciudadanía mexicana y no nacionalidad por nacimiento, además de garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Sobre la renovación de cargos, la exministra señaló: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”.
Por otro lado, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, proponiendo el uso de urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no existen garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó la funcionaria electoral.
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