Bogotá, 22 de junio de 2026.- Durante un panel sobre tendencias electorales en América Latina realizado en esta ciudad, el académico Daniel Zovatto y la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, sostuvieron un intercambio respecto a los resultados de las elecciones federales de 2024 en México y la distribución de diputaciones plurinominales.
Zovatto, experto en procesos electorales, afirmó que Morena obtuvo una mayoría legislativa superior a la reflejada en los resultados de las urnas. “Morena, gracias a una interpretación de los resultados electorales, terminó teniendo un nivel de mayorías significativamente más alto que el que electoralmente le dio”, declaró el académico, quien consideró que existió una sobrerrepresentación del partido oficialista.
Por su parte, la magistrada Mónica Soto defendió la actuación del tribunal y rechazó que se hubiera realizado una interpretación distinta a la prevista en la Carta Magna. “El Tribunal Electoral aplicó íntegra y textualmente la Constitución. Es un argumento falaz”, sostuvo Soto, quien agregó que la autoridad electoral utilizó la fórmula constitucional empleada durante años en procesos previos.
Ante la discrepancia, Zovatto insistió en que la resolución generó un amplio debate público y jurídico. Horas después del encuentro, el especialista publicó un mensaje en su cuenta de X donde detalló que la sentencia fue una de las decisiones electorales más controvertidas de los últimos años debido a la interpretación del límite de sobrerrepresentación previsto en el artículo 54 constitucional.
En su postura, Zovatto expuso que dicha sentencia cerró la vía jurisdiccional y permitió al bloque oficialista impulsar cambios estructurales. “La sentencia cerró la vía jurisdiccional, permitiendo al bloque oficialista de Morena impulsar reformas constitucionales de gran calado y altamente controversiales, aprovechándose de la súper mayoría que le concedió la mencionada sentencia”, escribió el experto.
La magistrada reiteró que la resolución se sustentó en disposiciones constitucionales vigentes y en criterios previamente aplicados por las autoridades electorales mexicanas, manteniendo su posición de que no hubo desviación en el cálculo de las curules asignadas.
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