Por Redacción
Almoloya De Juárez, 21 de julio de 2026.- Un juez dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, señalado de participar en una red de huachicol fiscal. El exmandatario deberá cumplir la medida cautelar en el Cefereso 1, conocido como penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se presentaron casi una centena de datos de prueba contra Ruffo Appel y otros siete acusados. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, describió el esquema como “la mayor red de huachicol fiscal detectada en México”.
De acuerdo con la FGR, la organización es acusada de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, con un daño estimado al fisco de más de 4 mil millones de pesos. Las autoridades detallaron que el esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, reportando menos de lo que realmente se transportaba o declarando los productos como si fueran otros para evadir impuestos.
Entre enero y julio de 2025, la red realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Para sus operaciones, la estructura utilizaba carros-tanque de ferrocarril en los que declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada unidad.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La audiencia inicial se desarrolló de manera virtual y a puerta cerrada, restringiendo el acceso a los medios de comunicación, mientras el exgobernador compareció por videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Entre las evidencias presentadas destacan alrededor de un centenar de cajas de cartón que resguardan miles de documentos, incluyendo estados de cuenta bancarios, registros financieros, información contable y expedientes relacionados con las empresas investigadas. La FGR indicó que la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios fundada por Ruffo Appel.
Por su parte, la defensa de Ruffo se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
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