Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos mexicanos no se definirá en el país, sino que al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, lo cual representa un riesgo de injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la gran decisión reside fuera de las fronteras nacionales.
Según la columna, existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones; sin embargo, no han resultado efectivos. De haberlo sido, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado, además de otros exservidores públicos huidos que han aportado datos a satisfacción de Estados Unidos.
Tampoco se conocerían casos como el del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes detenidos en Jalisco, Morelos y otros estados por sus ligas con la delincuencia. Asimismo, se menciona que no se sabrían los alcances del grupo criminal de La Barredora, formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.
En México poco importaron denuncias endilgadas a Rubén Rocha Moya durante las elecciones de 2021, pero casi cinco años después llegó el golpe desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”. El texto cuestiona qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo que podría anular autorizaciones otorgadas por el INE.
Ya hay aspirantes con dificultades, como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas. En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia al derecho de las audiencias al decir ayer: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, desmintiendo propósitos de censura y reivindicando la facultad de cada persona para decidir qué consumir informativamente.
La columna concluye que la decisión no le corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a periodistas y medios, un enfoque que muchos verían bien si es el contexto bajo el cual la Comisión Reguladora analizará en consulta pública.
About the Author
