Por Redacción
León, 03 de septiembre de 2026.- El parlamento de Nicaragua, leal a Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, aprobó en la noche del 1 de septiembre una enmienda constitucional que extiende su mandato por un año más, de seis a siete años. Como resultado de esta decisión, se eliminó la elección programada para noviembre de 2026 y se pospusieron las próximas comicios hasta 2028.
La sesión legislativa tuvo lugar en León, en el oeste del país, al pie de la catedral colonial donde descansan los restos del poeta Rubén Darío. Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, invocó repetidamente al poeta para justificar las reformas. Entre los cambios aprobados destaca la extensión a siete años de los mandatos de los cargos elegidos popularmente, así como de los jefes del ejército y la policía, tal como establece el texto: “The terms of authorities elected by popular vote in the most recent General, Municipal and Regional Elections in force are extended to seven years”.
La enmienda incorpora a la Constitución la exclusión formal de la oposición. Se prohíbe el acceso a cargos públicos, candidaturas de partidos o liderazgo político a cualquier persona que el régimen copresidencial considere vinculada a intentos de golpe, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía, incluyendo a aquellos etiquetados como traidores a la patria. Además, la reforma otorga al Consejo Supremo Electoral mayores poderes para cancelar partidos y sancionar candidatos o líderes por presuntas violaciones de la soberanía.
Otro cambio significativo es el traslado de la toma de posesión presidencial del 10 de enero, fecha vinculada históricamente al asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, al 18 de enero, en homenaje a Rubén Darío. Al ser una enmienda constitucional, la medida requiere ratificación en dos sesiones legislativas; la segunda está programada para el 18 de enero de 2027, según informó Murillo.
Esta acción se produce después de 45 días de incertidumbre desencadenada por una propuesta de Ortega el 19 de julio de abolir permanentemente las elecciones. La reforma representa un retroceso respecto a aquella amenaza de desmantelar definitivamente el sistema electoral, aunque repite una maniobra ejecutada en 2025 para perpetuar el gobierno, cuando se estableció la copresidencia y se extendió el mandato de cinco a seis años.
Juan Diego Barberena, abogado opositor en el exilio, criticó la medida señalando: “It prevents the people of Nicaragua from being able to choose freely, because they will only be able to choose among the dictatorship’s options — the options the group in power deems eligible to participate in an election”.
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