Por Abel López Jiménez
Más allá de sus objetivos políticos, el Gobierno Federal haría bien en priorizar acciones para reducir drásticamente la violencia y extorsión que se han expandido por diversas regiones del país, con el fin de generar mayor crecimiento y bienestar para la población en general, sugiere el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C. (CEESP).
Pero advierte que sin mejor seguridad pública será difícil que se aprovechen las oportunidades que la economía enfrenta hoy y que la situación económica del país mejore sustancialmente en el futuro. El ritmo de crecimiento seguiría siendo débil e insuficiente para mejorar significativamente la calidad de vida de los hogares, pronostica el organismo privado.
En un análisis titulado “Inseguridad, limitante para el crecimiento”, el CEESP señala que a pesar de que las expectativas de crecimiento para el 2024 han ido mejorando paulatinamente, es un hecho que la percepción generalizada apunta a un menor ritmo de avance, incluso para los siguientes años, toda vez que los pronósticos anticipan un crecimiento más cercano a 2.0% en el mediano plazo.
En este contexto, los ajustes más recientes muestran una expectativa que podría considerarse menos optimista. En la Encuesta de Expectativas del Banco de México, el promedio de crecimiento esperado para 2024 es de 2.37% y para 2025 de 2.0%. La encuesta Citibanamex registra avances de 2.5% y 2.0%, respectivamente. El Fondo Monetario Internacional prevé crecimientos de 2.7% y 1.5%, en el mismo orden.
“El debilitamiento de las expectativas refleja la poca efectividad de las políticas públicas instrumentadas para facilitar el crecimiento. Desde la constante posición antagónica del gobierno frente a la actividad del sector privado, hasta la cancelación de proyectos en diversos sectores, como el aeroportuario, el petrolero y el eléctrico, entre otros, incrementó sustancialmente la incertidumbre para invertir”, sostiene el organismo privado.
Además, ante la persistencia de un ambiente de frecuentes cambios en las reglas del juego, un estado de derecho débil, los elevados niveles de corrupción, impunidad e inseguridad, el sector privado continúa siendo muy cauteloso para comprometer un mayor nivel de recursos para inversión, justifica.
En este entorno, indica, es importante tener en consideración que menores flujos de inversión inhiben un mayor crecimiento, limitan una mayor creación de empleo formal mejor remunerado, impulsan la precarización del sector laboral y favorecen la informalidad.
Entre las limitantes que deben enfrentar las empresas para invertir están regulaciones inadecuadas o excesivas, cambios frecuentes de las reglas del juego y obstáculos para participar en sectores considerados de una u otra forma exclusivos del estado, entre otras.
Pero una que parece crecer en importancia es la creciente intranquilidad y mayor preocupación relacionadas con la inseguridad pública. El abatimiento de la inseguridad es uno de los mayores desafíos para el país. La propagación del crimen a lo largo del país lo hace quizá el más difícil.
En opinión de los especialistas en economía del sector privado, los problemas de seguridad pública se han consolidado como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico. Ello refleja en buena medida las políticas fallidas en materia de seguridad pública, de aplicación del estado de derecho y de combate a la corrupción e impunidad.
Los elevados e inéditos niveles de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la extorsión y la constante impunidad que prevalece en el sistema de justicia son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad.
No hay duda de que el requisito principal para impulsar el crecimiento, el empleo y el bienestar de los hogares es la inversión productiva. Por ello es indispensable un ambiente de seguridad y de respeto a la legalidad en el que los inversionistas se sientan seguros y comprometidos con la inversión.
De acuerdo con el ranking sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, de las seis más violentas cinco se ubican en México. Además, en el índice sobre la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México se mantuvo en el lugar 126 de un universo de 180 países.
“Las autoridades insisten en avances en materia de seguridad, pero las cifras muestran ciertos resultados favorables sólo en el margen. Aún se está lejos de un verdadero control de la situación”, advierte el CEESP.
