Mexicali, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California logró vincular a proceso al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato irregular con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja tras una audiencia que inició el 23 de marzo a las 09:23 horas, donde se determinó que existen elementos suficientes para investigar al exmandatario por el delito de corrupción.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía estatal, el contrato firmado durante la administración de Bonilla establecía un compromiso por 4,500 millones de pesos a 30 años. Sin embargo, las autoridades destacaron que la empresa Next Energy recibió un pago inicial de 123 millones de pesos sin haber ejecutado la obra, lo que generó un daño patrimonial al erode estatal. La investigación señala que la planta nunca fue construida a pesar del desembolso de recursos públicos.
Durante la audiencia, la defensa de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó cinco líneas argumentativas para intentar desvirtuar las imputaciones, aunque el magistrado consideró que la evidencia presentada por la acusación fue suficiente para proceder legalmente. El exgobernador, quien gobernó bajo la bandera de Morena entre 2019 y 2021 y actualmente es dirigente del Partido del Trabajo (PT), queda sujeto a las medidas cautelares que determine la autoridad judicial.
El caso se enmarca en un contexto de tensión política entre el exgobernador y la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, también de Morena. La acción legal representa un punto de inflexión en la relación entre ambas figuras, dado que el contrato cuestionado fue autorizado en el periodo anterior a la actual administración, pero sus consecuencias financieras y legales persisten en la gestión presente.
Con esta vinculación a proceso, la justicia local da un paso formal para esclarecer la destinación de los 123 millones de pesos pagados a la contratista y determinar las responsabilidades administrativas y penales de los involucrados. El procedimiento judicial continuará con las etapas de investigación y posible juicio oral, donde se deberá probar la participación directa de Bonilla en la autorización del pago sin la contraprestación de la obra prometida.
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