Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, con 87 votos a favor y 41 en contra, en una sesión donde participaron 128 legisladores. La votación, realizada este 25 de marzo en la capital del país, contó con el respaldo de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y rechazó la propuesta central de adelantar la revocación de mandato al año 2027, medida que fue bloqueada principalmente por la oposición del Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición oficialista.
El dictamen aprobado integra medidas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo orientadas a la reducción de costos operativos y la eliminación de privilegios para servidores públicos y funcionarios electorales. Entre los puntos que avanzan en el proceso legislativo se encuentran el establecimiento de un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento, la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del presupuesto estatal correspondiente, así como la supresión de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, se validó un recorte progresivo del 15% al presupuesto propio del Senado. Durante la presentación en la sesión, el senador Oscar Cantón Zetina expuso los detalles del proyecto ante el pleno. La aprobación en lo general marca un paso decisivo para la iniciativa, aunque deja fuera el mecanismo que habría permitido someter a la mandataria federal a una consulta de permanencia en el cargo dos años antes de lo establecido constitucionalmente.
La dinámica de la votación reflejó las contradicciones existentes entre los actores políticos involucrados. Mientras el oficialismo defendió la reforma como un instrumento para el fortalecimiento democrático y la austeridad, sectores de la oposición y análisis preliminares han cuestionado el impacto real de las medidas. Existen divergencias sobre el ahorro efectivo, ya que mientras fuentes gubernamentales proyectan una reducción del gasto público, evaluaciones iniciales sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante años electorales podría derivar en mayores erogaciones al tener que implementarse otros mecanismos para garantizar los derechos laborales del personal electoral.
En el entorno de las negociaciones previas a la votación, surgieron señalamientos sobre presiones y ofertas políticas para definir los sentidos del voto. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, hizo alusión pública a estas dinámicas, aunque no se detallaron las cifras o condiciones específicas de dichas interacciones. Por su parte, Alberto Anaya, líder del PT, mantuvo una postura pública que contribuyó al rechazo de la revocación anticipada, marcando una diferencia sustancial con el resto de la fuerza oficialista en este punto crítico.
Con este resultado, la reforma electoral avanza hacia sus siguientes etapas de discusión en particular, donde se definirán los textos definitivos de los artículos constitucionales y legales a modificar. El escenario político queda marcado por la capacidad del bloque mayoritario para imponer cambios estructurales en la organización electoral, pero también por las fracturas internas respecto al timing de los mecanismos de control ciudadano sobre el Ejecutivo federal.
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