Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece límites a las pensiones superiores a un millón 107 mil pesos mensuales, dirigida principalmente a extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el extinto organismo Luz y Fuerza del Centro. La decisión legislativa, tomada el 25 de marzo de 2026, modifica los criterios de pago para lo que algunos promotores han calificado como privilegios corruptos.
Durante la sesión, se registraron posturas divergentes entre los integrantes del recinto legislativo. La diputada Lilia Aguilar Gil, identificada como petista, justificó la iniciativa argumentando que es necesario poner fin a esquemas de remuneración desproporcionados. En contraste, el diputado Fernando Torres Graciano advirtió que la medida podría afectar injustamente a personas que cuentan con años de servicio y altos niveles de especialización técnica.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que también participó en las deliberaciones sobre el alcance de la normativa. Aunque la reforma busca reducir los montos de las jubilaciones más altas, existen propuestas que sugieren bajar los topes hasta niveles cercanos a los 70 mil pesos, aunque el texto final aprobado no detalla públicamente la cifra exacta del nuevo límite en todos los casos.
La aplicación de esta reforma tiene carácter retroactivo, lo que implica cambios en los beneficios ya otorgados a jubilados de las empresas estatales. Previo a la votación, grupos de pensionados de Pemex y CFE intentaron realizar protestas en las inmediaciones de San Lázaro, incluyendo acciones de forcejeo descritas como un “portazo” en acceso al recinto, en rechazo a los ajustes propuestos.
Con esta aprobación, el Congreso avanza en la reestructuración del gasto destinado a pasivos laborales de las compañías energéticas del Estado. La medida se enmarca en un esfuerzo por equilibrar las finanzas públicas, aunque persisten las contradicciones entre la visión de austeridad gubernamental y los derechos adquiridos por los trabajadores del sector eléctrico y petrolero.