Almoloya De Juárez, 28 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades del penal del Altiplano brindar atención médica inmediata a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, quien se reporta en estado de salud “muy grave”. La resolución judicial concede el amparo promovido por el interno para que se le otorguen los servicios médicos y tratamientos necesarios.
De acuerdo con la información disponible, Palma Salazar presentó una demanda de amparo debido a la falta de atención en el centro penitenciario. Se señala que, desde el 13 de abril de 2026, el área de salud del penal ignoró al recluso pese a su condición. El diagnóstico indica que padece tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático.
El interno presenta dolores muy fuertes en la espalda y el pecho al respirar, así como insomnio. Tras la concesión del amparo, las autoridades del penal quedan obligadas a actuar frente a esta situación reportada por la fuente consultada.
Por otra parte, Isaí Martínez, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya. Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras haber sido detenido en Nogales el 26 de mayo de 2026.
El traslado se realizó en un avión militar que partió de la base aérea de Hermosillo a las 12:25 horas del 27 de mayo de 2026 con destino al Estado de México. Martínez llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 15:30 horas de ese mismo día. Se desconoce si a su llegada al penal será puesto a disposición de un juez.
Con este movimiento, Isaí Martínez se convierte en el cuarto familiar directo de ‘El Chapo’ Guzmán que ingresa al penal del Altiplano. Este evento ocurre en un contexto donde Joaquín Guzmán Loera ha dirigido una carta al juez de distrito Brian M. Cogan en Estados Unidos.
En dicha misiva, Guzmán Loera solicitó “trato justo” y garantías constitucionales, afirmando que sus derechos “han sido vulnerados”. Escribió: “Solicito recibir un trato justo en este país. De acuerdo con los principios constitucionales y las leyes aplicables en la corte, tengo derecho a comunicarme y a ser escuchado, así como a la igualdad en la protección de mis derechos”.
El juez Brian M. Cogan respondió indicando que, una vez condenado, las disposiciones sobre la reclusión de Guzmán están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. y que él no tenía poder para intervenir. Guzmán Loera añadió en su declaración: “Esta declaración se presenta como una preocupación ante el tribunal, en relación con el cumplimiento de mis derechos, dado el consentimiento y la aparente falta de evidencia bajo la ley federal”, pidiendo “atender mi solicitud de justicia y equidad conforme a la ley”.
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