Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- En un operativo en la comunidad de El Alpuyequito, municipio de Colima, la Policía Estatal abatió a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Iván “N”, alias “El Joker”, señalado como líder de una célula. El enfrentamiento, que dejó a un policía herido, se produjo como respuesta al asesinato de otro uniformado el pasado 27 de febrero. Mientras tanto, en la Ciudad de México, un ataque a balazos en Iztapalapa dejó un hombre de 40 años muerto y otras cinco personas lesionadas, entre ellas un niño de 5 años y una mujer de 61, con tres detenidos por posesión de drogas en el lugar.
Las acciones en Colima fueron coordinadas por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Además de “El Joker”, fueron abatidos Fernando “N” (“La Bomba”), Junior “N” y Enrique “N” (“Chirimiki”). La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que en el ataque de Iztapalapa, ocurrido en el cruce de la Calle 4 y avenida Uno Poniente de la colonia Renovación, se aseguraron más de 50 dosis de aparente droga.
Estos hechos de violencia ocurren en un contexto de análisis sobre la fragilidad de las instituciones policiales en México. Especialistas y organizaciones civiles, como el Observatorio Nacional Ciudadano, han señalado que las policías locales enfrentan una debilidad estructural crónica que limita su capacidad para enfrentar al crimen organizado. Francisco Rivas, director del Observatorio, ha subrayado la necesidad de fortalecer estas corporaciones más allá de los operativos de alta letalidad.
En paralelo, en un foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sergio Guerrero Olvera, alertó sobre el riesgo que representa la violencia digital para la integridad de los procesos democráticos, aunque no especificó las acciones de defensa propuestas.
La respuesta gubernamental a la inseguridad ha incluido el reforzamiento del Gabinete de Seguridad y la asignación de militares en retiro a cargos civiles clave. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido esta estrategia de coordinación federal como parte de un enfoque integral, aunque las críticas apuntan a que no resuelve los problemas de fondo en las policías municipales y estatales, como la falta de equipamiento, capacitación y salarios dignos que las hacen vulnerables a la corrupción.
Los eventos simultáneos en Colima y la capital del país ilustran la doble faceta del desafío de seguridad: la confrontación directa con grupos criminales de alto poder y la violencia urbana cotidiana, ambas enmarcadas en un debate sobre la sostenibilidad de un modelo que depende en gran medida de la fuerza federal sin una reforma policial local profunda.
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