Los agrónomos del país, igual que los campesinos, jornaleros y agricultores, junto con sus familias, son los más afectados por la errónea y fallida política agropecuaria de la actual administración federal, afirma el dirigente campesino Héctor Carlos Salazar Arriaga.
Aseguró que, a la fecha, más de 18 mil agrónomos de diversas especialidades que laboraban en el sector público, prestadores de servicios profesionales, técnicos y expertos, han sido despedidos injustificadamente. Los que laboraban en empresas privadas, que daban asistencia y acompañamiento técnico a los agricultores, corrieron con la misma suerte.
En una carta dirigida a los campesinos y agricultores, a las aspirantes a la presidencia de la República, al Poder Legislativo y a los ciudadanos en general, Salazar Arriaga aseguró que el panorama anterior ha generado una sobreoferta de agrónomos en el mercado laboral, lo que ha reducido los salarios, las prestaciones y ejercer su profesión en la informalidad.
Expuso que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO 2021), estima que de un total de 200 mil ingenieros agrónomos, se sitúan en el puesto 22 mil entre las licenciaturas con mayor porcentaje de estudiantes matriculados y egresados.
Según datos de la Secretaría de Economía (DATA/MÉXICO) la fuerza laboral de Agrónomos durante el cuarto trimestre de 2023 fue 32 mil 900 ingenieros contratados, sólo el 16.45% del total, cuyo salario promedió es de 9 mil 540 pesos mensuales, sólo por encima del salario mínimo general de 8 mil 300 pesos al mes.
“Son los agrónomos el conducto para llevar las nuevas tecnologías al campo, que permitan elevar la producción, productividad y rentabilidad con sustentabilidad; son agentes de cambio, aunado a los demás agentes económicos que están involucrados en el sector agropecuario y forestal; ellos dan la seguridad y el abasto de alimentos al pueblo de México”, enfatiza.
Advirtió que de continuar con esta política que, el desarrollo será cada vez más desigual entre el campo y la ciudad y será cada vez más lejano el anhelo de progreso y justicia social para el sector agropecuario.
En el actual gobierno, señala, el sector rural ha sufrido la eliminación de más de 24 programas y sus presupuestos, la discriminación hacia los pequeños y medianos productores que generan cosechas comercializables; y ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria con la falta de capitalización de las unidades de producción.
“Se han ideologizado las políticas de ciencia, tecnología e innovación; se eliminaron las políticas de educación y de construcción de habilidades, el acompañamiento y asesoría desapareció; las políticas comerciales, para establecer competencia y de acceso a mercados internacionales, van en franco deterioro; igual que dirigidas a estimular los cultivos básicos y estratégicos”, afirmó.
Respecto a las políticas sectoriales de competitividad, fomento a las exportaciones y financiamiento, “de plano ya desaparecieron”, apuntó.
“Actualmente la inactividad y mediocridad de lo que queda de las dependencias federales y estatales que atienden al sector agropecuario, el campo no se encuentra en el Proyecto de Nación sexenal, aunado a los niveles de corrupción que se registran en el sector”, manifestó en su carta Héctor Carlos Salazar Arriaga.
