Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentan en un conflicto público por determinar quién es responsable de la supervisión del colapso fatal de un edificio en la colonia San Antonio Abad, que dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo. La controversia surge tras la emisión de un Acuerdo de Facilidades por parte del gobierno capitalino, que según la alcaldesa, transfería la obligación de vigilancia a sus autoridades.
Rojo de la Vega afirmó que la demolición del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124 debía ser supervisada por el gobierno de la Ciudad de México mediante dicho acuerdo, el cual, según su interpretación, “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la obra como deliberada, señalando que “no fue un error. Fue una decisión”.
En respuesta, el secretario Inti Muñoz Santini sostuvo en una conferencia de prensa que la responsabilidad primaria de la vigilancia recaía de manera “ineludible” en la alcaldía Cuauhtémoc, independientemente de la existencia de un acuerdo de facilidades. Esta postura contradice directamente la versión de la alcaldesa, generando un vacío de responsabilidad sobre el fatal desenlace.
El permiso de demolición para el edificio, propiedad de una empresa aún no identificada públicamente, había sido negado inicialmente el 17 de octubre del año pasado debido a la detección de al menos diez riesgos graves. Sin embargo, fue autorizado apenas tres días después, el 20 de octubre, mediante el Acuerdo de Facilidades que ahora es centro de la disputa.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza de los riesgos detectados, la identidad de las víctimas mortales, la hora exacta del colapso o el estado actual de la investigación oficial. Tampoco se ha precisado el año exacto del incidente, refiriéndose solo al “pasado 9 de marzo”.
El conflicto expone las grietas en los protocolos de coordinación entre el gobierno central de la CDMX y las alcaldías en materia de supervisión de obras de alto riesgo, particularmente cuando se activan mecanismos excepcionales como los Acuerdos de Facilidades. La falta de claridad en la cadena de mando y supervisión queda al descubierto tras una tragedia que pudo ser evitada, según señalan las versiones en conflicto.
Mientras las familias de las víctimas esperan justicia y respuestas, el cruce de acusaciones entre la jefa territorial y el funcionario capitalino amenaza con entorpecer la investigación y diluir las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse del colapso. La sociedad exige que la clarificación de competencias no opaque la búsqueda de la verdad sobre las causas que llevaron a la pérdida de tres vidas.
About the Author
