Vista general de la Cámara de Diputados, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez
Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, con 466 votos a favor, durante la sesión celebrada este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Morena, busca actualizar el marco regulatorio de la industria que no había sido modificado desde 1992.
Alma Lidia de la Vega, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, lideró el proceso de dictamen que introduce distinciones claras entre producciones cinematográficas y audiovisuales. Entre los puntos centrales de la normativa destaca la obligación de las plataformas digitales de promover catálogos nacionales y el aumento del tiempo mínimo de proyección en salas de cine, que pasa de 7 a 14 días.
El diputado Pedro Haces, también de Morena, participó en la presentación de los incentivos económicos contemplados en la ley. El texto aprobado establece un crédito fiscal de hasta el 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con un tope de 40 millones de pesos por proyecto. Adicionalmente, se fija una cuota de pantalla mínima del 10% para el cine mexicano.
Para acceder a los beneficios fiscales, la nueva legislación exige que las producciones cuenten con al menos un 70% de proveeduría nacional. Esta medida busca fortalecer la cadena productiva local y generar un impacto transversal en sectores como el transporte, el turismo y la logística, según los argumentos presentados durante el debate en el pleno.
La aprobación de este ordenamiento representa un cambio significativo en la política cultural del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado respaldo a las iniciativas del sector artístico. La ley sustituirá a la legislación vigente desde hace más de tres décadas, adaptando las reglas a las nuevas formas de consumo y distribución de contenido en la era digital.
Con la votación concluida, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual aprobación, antes de ser remitida al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor, cuyos plazos específicos serán definidos en las etapas subsiguientes del proceso legislativo.
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