Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma constitucional que impone un techo a las jubilaciones y pensiones de los ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, estableciendo su aplicación de manera retroactiva. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar el monto máximo de estos beneficios en la mitad de la remuneración mensual de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cifra que asciende aproximadamente a 70,000 pesos.
El dictamen fue sometido a votación en el Palacio Legislativo de San Lázaro entre fuertes medidas de seguridad, luego de que grupos de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones para rechazar la medida. Aunque existen discrepancias en los reportes sobre el marcador exacto —con fuentes que citan una aprobación unánime de 458 votos y otras que detallan 363 a favor, 64 en contra y 20 abstenciones—, la reforma avanzó en lo general con el respaldo de las bancadas mayoritarias.
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala denunció que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. La legisladora sostuvo que los senadores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales del cambio normativo, el cual afectará directamente a quienes ya disfrutan de estos beneficios.
Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa pese a sus reservas. Moreira advirtió sobre los riesgos jurídicos de la retroactividad y señaló omisiones relevantes en el dictamen, afirmando que si bien están en contra de las llamadas “pensiones doradas”, consideró que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminarlas realmente.
El texto aprobado excluye explícitamente del tope a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Además, el decreto incorpora lenguaje inclusivo en su redacción.
Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma avanza en el proceso legislativo para su eventual promulgación, en medio de un clima de tensión social por parte de los sectores de trabajadores retirados del Estado que ven amenazados sus ingresos previamente adquiridos.
About the Author
