Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público. La modificación al artículo 127 de la Constitución fija como límite máximo la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, cantidad que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
La iniciativa, impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo corregir lo que el oficialismo denomina privilegios excesivos en el sistema de retiro de servidores públicos de alto nivel. El diputado morenista Pedro Haces Barba defendió la medida como una corrección necesaria para equilibrar las finanzas públicas y garantizar la equidad entre los diferentes sectores de la administración.
Previamente, el Senado de la República ya había dado su aval a la reforma con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Con la aprobación en ambas cámaras, el proceso legislativo avanza hacia su consolidación, aunque persisten dudas sobre los detalles de implementación y las instituciones específicas que quedarán sujetas a este nuevo techo salarial, más allá de los organismos descentralizados y empresas públicas mencionados en el debate general.
A pesar de haber expresado inconformidad respecto a posibles omisiones y riesgos de retroactividad en la redacción final, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que votaría a favor de la reforma. Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario tricolor, justificó la decisión del partido, aunque mantuvo sus críticas sobre la falta de claridad en ciertos aspectos técnicos de la legislación.
La aprobación legislativa ha generado reacciones inmediatas entre grupos de jubilados y pensionados. En Baja California, lideresas como Victoria Bentley, de la organización Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, han manifestado su temor ante una posible aplicación retroactiva de la norma que afecte los derechos adquiridos. Protestas similares se registraron en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, donde los afectados exigen garantías de que la medida no impactará las pensiones ya otorgadas.
El debate central ahora se centra en la claridad jurídica sobre la vigencia de la reforma y si esta tendrá carácter retroactivo, un punto que divide a los legisladores oficialistas, quienes insisten en la naturaleza correctiva de la medida, y los opositores que advierten sobre la inseguridad jurídica que podría derivarse de cambios abruptos en las condiciones de retiro del personal de confianza.
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