Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión y aprobación del denominado ‘Plan B’ electoral, una reforma estructural que busca reducir el gasto público en procesos comicios y establecer el mecanismo para la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027. La iniciativa cuenta con el respaldo crítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyas bancadas han confirmado que 13 de sus 14 senadores votarán a favor, consolidando la mayoría cualificada necesaria para blindar los cambios constitucionales.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, destacó la alineación de su partido con la agenda de la cuarta transformación, asegurando que el objetivo central es alcanzar un 80% de ratificación popular para el mandato presidencial en el próximo año. Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, confirmó que la votación final se encuentra en la recta final de la agenda legislativa, aunque no precisó la fecha exacta del cierre de la discusión en el pleno.
El paquete de reformas incluye medidas de austeridad como la limitación del gasto de los congresos locales al 0.7% del presupuesto estatal, la reducción del número de regidores en los ayuntamientos y modificaciones sustanciales a la figura de revocación de mandato. Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de que el titular del Ejecutivo se pronuncie durante el proceso y la habilitación de la consulta para los años 2027 y 2028, lo que permitiría a Sheinbaum someter su continuidad al voto ciudadano antes de concluir su sexenio.
En paralelo a la reforma electoral, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento que el oficialismo interpreta como una renovación necesaria frente a la actual estructura del organismo, criticada por haber sido nombrada bajo acuerdos del PRI, PAN y PRD en 2017. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, enfatizó que estos cambios buscan garantizar la transparencia y eficiencia de los recursos democráticos.
La armonización legislativa ya comienza a reflejarse en los estados; Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció la presentación de una iniciativa local para alinear la legislación de su entidad con los nuevos preceptos federales del Plan B. Mientras la oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, mantiene sus críticas sobre la concentración de poder, la coalición gobernante avanza con la certeza de los números necesarios para transformar el panorama electoral de cara al futuro inmediato.
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