Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la operación del nuevo órgano garante, Transparencia para el Pueblo, muestra una reducción superior al 88% en la resolución de recursos de revisión. Mientras el instituto desaparecido resolvió 53,233 casos durante 2024, su sucesor apenas atendió 5,921 entre marzo de 2025 y la fecha actual, según datos del sistema de rendición de cuentas.
La drástica disminución en la capacidad resolutiva coincide con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal de Transparencia que disolvieron al INAI el 20 de marzo de 2025. Durante el primer trimestre de 2025, antes de la transición completa, el INAI logró resolver más de 8,000 recursos, cifra que contrasta con el promedio mensual del nuevo organismo en su primer año de operación. En 2024, el extinto ente recibió un millón de solicitudes de información, estableciendo un precedente de actividad que ahora genera dudas sobre la eficiencia del nuevo modelo.
Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que actualmente no existe manera de evaluar el desempeño del nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos públicos sobre su operación. Esta opacidad se suma a las controversias legales que surgen en el nuevo esquema, donde la interpretación de la seguridad nacional y la reserva de información han generado conflictos entre instituciones federales.
Un caso emblemático es el contrato INE/050/2025, mediante el cual el Instituto Nacional Electoral adquirió más de 300 cámaras de videovigilancia para ocho edificios y 32 juntas locales. El INE intentó clasificar esta información como reservada por cinco años, argumentando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y que la revelación ponía en riesgo al personal ante la violencia actual. Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) revocó dicha reserva.
El OIC determinó que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de personas físicas. Esta decisión contradice directamente la postura del organismo electoral, marcando una divergencia en los criterios de transparencia bajo la nueva administración. La publicación de este contrato fue impulsada tras un recurso de revisión solicitado por el medio La Silla Rota.
La situación actual refleja un cambio estructural en el acceso a la información pública en México. La transición del INAI a Transparencia para el Pueblo, que comenzó a operar formalmente en junio de 2025, ha derivado en una contracción significativa de la actividad resolutiva y en nuevos debates jurídicos sobre los límites de la reserva de información en entidades autónomas como el INE.
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