Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes atroces como secuestro y homicidio.
Dos de los ocho detenidos tenían 13 y 14 años de edad. Tres de ellos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, de 50 años, conductor de InDrive, a quien habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado donde incendiaron su cuerpo después de videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Esta postura centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la falta de atención temprana de salud mental.
Este escenario recuerda lo ocurrido en septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar ‘A Way Out’. El albergue, dirigido por la activista Gabriela Ortiz en la colonia Robledo de Mexicali, atendía a niños y adolescentes que ninguna institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
Ortiz había logrado el inmueble mediante un comodato para atender a menores que habían padecido episodios traumáticos. El lugar cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados; las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado.
Respecto a las denuncias de que los menores eran obligados a hacer sus necesidades en baldes, la realidad es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó sin agua al inmueble por varios días, lo que obligó a los residentes a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación, ya que era el único albergue que recibía menores en riesgo delictivo real.
Gabriela Ortiz denunció durante muchos años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, cuando condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a ello, fue castigada varias veces.
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