Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, para exigir la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció previamente que ocuparían el sitio “hasta tener resultados”. Los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual lleva un 88% de avance, y advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, señaló Montaño.
El proyecto, que pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco, ha generado rechazo por sus impactos ambientales. Según los denunciantes, se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha comenzado a migrar. La planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco y descargará el agua en la bahía con una temperatura de hasta tres grados más que la original. El conflicto por esta planta de amoniaco y metanol inició en 2014.
Un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, impactando a más de 40,000 personas. Montaño Valenzuela declaró: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”. El proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, ubicados en la bahía de Ohuira, donde se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.
El financiamiento del proyecto asciende a 860 millones de dólares provistos por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. En respuesta a la presión, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales y afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”, mientras la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva.
El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán.
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