Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados programó sesionar después del receso de Semana Santa para analizar el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicha comisión, confirmó que la sección instructora tiene que sesionar antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias, asegurando que lo harán seguramente después del descanso.
La acusación formal proviene de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, entidad que imputa al legislador priista responsabilidades derivadas de su gestión como gobernador de ese estado entre 2015 y 2019. Este proceso jurídico se suma a un contexto de irregularidades administrativas detectadas previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual identificó en 2018 posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos durante su administración.
De acuerdo con reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en enero de 2022, tres años después de que Moreno Cárdenas dejó la gubernatura, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de observaciones de la ASF de 2018. Análisis de datos indican que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue benévola en los últimos años, pues al priista le fueron perdonadas o solventadas algunas cuentas que dejó pendientes, registrándose más de 2 mil 700 millones de pesos en dicha categoría.
La decisión de posponer la sesión de la Comisión Instructora hasta después de Semana Santa busca, según explicó Hugo Eric Flores, no entorpecer la discusión de la reforma electoral denominada ‘Plan B’, la cual ocupa la agenda legislativa en las semanas previas al receso. La comisión tendrá la responsabilidad de determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad parlamentaria al senador, lo que permitiría que el proceso penal avance en los tribunales.
El caso de Alejandro Moreno Cárdenas concentra la atención política debido a la dualidad de los procesos en su contra: uno de naturaleza penal por el monto específico de 83 millones de pesos y otro de carácter administrativo-contable relacionado con los miles de millones observados por la auditoría federal. La resolución de la Comisión Instructora marcará el siguiente paso en el escrutinio público sobre las acciones del líder del tricolor durante su paso por el ejecutivo campechano.
About the Author
