Washington D.C., 02 de abril de 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos analizó este miércoles los argumentos legales sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, en un caso que gira en torno a una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato. La medida busca negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres sean migrantes indocumentados o tengan un estatus migratorio temporal.
El punto central del conflicto jurídico es la interpretación de la frase “sujetas a su jurisdicción” dentro de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual establece que toda persona “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción” es ciudadana. El gobierno argumenta que dicha frase excluye a los hijos de migrantes sin estatus legal, considerando que los tribunales han hecho una interpretación errónea de la enmienda constitucional aplicada previamente.
Durante la vista oral, varios jueces mostraron escepticismo ante la legalidad de la orden presidencial. Según los reportes, los tres jueces de tendencia progresista y al menos otros tres conservadores, entre ellos el presidente del Supremo, John Roberts, junto a Brett Kavanaugh y Neill Gorsuch, se inclinan por propinar un nuevo revés judicial a la Casa Blanca. El juez Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en su primer mandato, dejó entrever con sus preguntas dos posibles soluciones que revelan el rechazo general del tribunal a la postura de la Administración Trump.
Buena parte de los alegatos presentados por el procurador general, John Sauer, y por Cecilia Wang, representante de los demandantes y abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), giraron en torno al precedente del caso Wong Kim Ark de 1898. En aquella ocasión, la Corte Suprema concedió la ciudadanía a Ark, cuyos padres eran inmigrantes de origen chino residentes legales en San Francisco, pero sin ciudadanía. La mayoría del tribunal no ha tenido inconveniente en expresar sus dudas sobre la validez de la orden que intenta modificar este principio.
La presencia de Donald Trump en la audiencia marcó un hecho histórico, ya que nunca antes un presidente en funciones había asistido a una sesión de la Corte Suprema. Los nueve magistrados, de mayoría conservadora por seis a tres, ahora se debaten entre emitir una sentencia breve basada únicamente en la Ley de Inmigración de 1952 o realizar una revisión del texto constitucional para blindar la interpretación de la cláusula de ciudadanía.
La decisión definitiva sobre la legalidad de esta orden ejecutiva se conocerá previsiblemente a finales de junio o principios de julio.
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