Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La alcaldía Miguel Hidalgo presentó una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos en contra del exalcalde Víctor Hugo Romo y su exdirector jurídico. La querella los señala por presuntos actos de corrupción, abuso de funciones y por permitir la demolición de una obra ubicada en Moliere 88 sin contar con los permisos correspondientes.
De acuerdo con la información recabada, el predio en cuestión se encontraba bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción del sismo de 2017. En 2019, Víctor Hugo Romo, quien estuvo en el cargo de 2018 a 2021, fue notificado por la Comisión para la Reconstrucción sobre los documentos necesarios para realizar obras en el inmueble. No obstante, en 2020 se emitió una orden de visita que se dejó pasar, venciendo el plazo legal y evitando que se sancionara al desarrollador por la demolición ilegal. El Código Penal de la Miguel Hidalgo establece sanciones de 5 a 20 años de prisión por el ejercicio abusivo de funciones.
Por otro lado, en Tabasco, el exsecretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez Requena compareció el martes ante un juez de control, donde la Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas. La defensa del exfuncionario, quien se desempeñó en el cargo entre 2019 y 2021, solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica.
El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Bermúdez Requena permanecerá recluido en el Penal Federal Número 1, conocido como el Altiplano. Se prevé que el próximo 4 de abril el juez decida si lo vincula a proceso. Con la orden de aprehensión de este exfuncionario, suman 19 órdenes relacionadas con el caso, de las cuales 10 personas ya han sido vinculadas a proceso.
Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, trasladado a México y vinculado a proceso en septiembre de 2025. Aunque promovió un amparo para evitar una posible extradición a Estados Unidos, este fue desechado por improcedente. Respecto a este tema, el fiscal estatal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros señaló hace unos días que “no se tiene conocimiento” de una solicitud formal de extradición.
Adicionalmente, el pasado 24 de marzo venció la prórroga de tres meses para concluir la investigación complementaria por cargos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada. A partir de esa fecha, la Fiscalía de Tabasco dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar la acusación formal ante el juez de control Ramón Adolfo Brown Ruiz. El exfuncionario enfrenta otros procesos penales que involucran delitos del fuero común y federal.
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