Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra ex y actuales funcionarios de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, centradas en el proyecto de parques memoriales como Balam Tun, señalan el uso de maquinaria pesada y explosivos para alterar más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas hasta la fecha.
Los denunciantes, integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, apuntan directamente contra Diego Prieto, exdirector del INAH, así como contra Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Según los especialistas, las acciones se realizaron bajo el argumento de impulsar proyectos de desarrollo, lo que habría derivado en la destrucción o reubicación indebida de monumentos históricos.
Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo del INAH, cifró en más de 62,000 las estructuras mayas que no han sido recuperadas adecuadamente. Además, se reportan 47 monumentos supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y 36 piezas arqueológicas reubicadas en el parque Balam Tun, donde se acusa una deconstrucción que involucra el desmantelamiento y recombinación de piezas originales, alterando su contexto histórico y valor científico.
Las irregularidades denunciadas incluyen el uso de dinamita y retroexcavadoras para remover vestigios en sitios de Campeche, Xpujil y Chetumal. Los investigadores internos buscan llevar estos casos ante el Ministerio Público o la Fiscalía especializada, argumentando la comisión de crímenes contra el patrimonio cultural. La tensión dentro del instituto refleja un conflicto entre la protección académica del legado maya y las exigencias de ejecución de la obra gubernamental.
Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de los funcionarios señalados ni del INAH como institución respecto a la gravedad de las alegaciones. La presentación formal de las denuncias podría marcar un precedente legal sobre la responsabilidad penal en la gestión de proyectos federales que intersectan con zonas de alta densidad arqueológica en el sureste mexicano.
La situación pone en evidencia la vulnerabilidad del patrimonio ante la presión de obras de infraestructura masiva, generando un debate sobre los mecanismos de supervisión y las sanciones aplicables por daños irreversibles a la historia prehispánica. Se espera que en los próximos días se hagan públicas las evidencias documentales y periciales que sustenten las acusaciones de los expertos.
About the Author
