Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, para exigir verdad y reparación integral a tres años del incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Durante el acto, los colectivos denunciaron que el Estado se niega a otorgar reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes y que los responsables de mayor jerarquía continúan en procesos penales que les favorecen.
En un conversatorio llevado a cabo en la Ciudad de México, representantes de Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) señalaron que el caso está lejos de cerrarse. A la fecha, únicamente hay cuatro personas en prisión, mientras que siete más siguen su proceso en libertad. Entre los implicados figura Francisco Garduño, ex titular del INM, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público.
Lorena Cano, del Imumi, expuso que no todos los afectados por la tragedia han recibido una reparación o compensación económica. Destacó el caso de 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas, lo cual les impide acceder a una reparación integral del daño. Las organizaciones enfatizaron la existencia de una justicia desigual que ha permitido que funcionarios de alto rango sean condecorados con otros cargos públicos a pesar de las acusaciones en su contra.
La movilización en la frontera norte incluyó también un viacrucis en el puente internacional Santa Fe, convocado por diversas agrupaciones como Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados y la Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez. Los participantes subrayaron la falta de sentencias firmes contra funcionarios del instituto, personal de seguridad privada y otras personas involucradas en los hechos que cobraron la vida de decenas de migrantes.
Las cifras oficiales manejadas por los colectivos confirman un total de 82 víctimas directas del siniestro: 40 fallecidos y 42 sobrevivientes, desglosados en 27 hombres y 15 mujeres. Las organizaciones mantienen su exigencia de que se cumpla con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se garantice el acceso a la justicia para todos los sobrevivientes, sin distinción de género o tipo de lesión.
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