Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, después de que se le dictara prisión preventiva por su presunta participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La detención del exmandatario ocurrió el jueves 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión el 13 de julio de 2026, librada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien también giró órdenes contra 24 personas más, incluido Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. Previamente, el 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez había negado dicha orden.
La jueza Ramírez de la Vega concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, desde donde organizó un esquema ilícito para la introducción ilegal de hidrocarburos. La investigación se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas vía videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque otras fuentes reportan una duración de 40 horas. Durante el proceso, otros dos imputados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecieron en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otra fuente cifra el daño en 4,456 millones de pesos. Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, había informado en octubre de 2025 que el daño total por contrabando de combustible ascendía a 600,000 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó motivaciones políticas en la detención, asegurando que es producto de una investigación de un año y aclarando que no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. No obstante, la hija de Ruffo Appel, Verónica, denunció un “trato indigno y humillante” y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”.
El desarrollo de la audiencia inicial generó críticas por realizarse a puerta cerrada. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, señaló que el proceso fue “sin prensa, sin público, sin familiares” y exigó transparencia: “Que todas las audiencias del caso Ruffo sean públicas: que veamos las pruebas, que escuchemos a las partes, que miremos al juez de frente”. El Partido Acción Nacional (PAN) pidió respeto al debido proceso, mientras que la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada calificó el caso como una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio de 2026. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
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